DEMANDA ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE UNIÓN CONCUBINARIA

Poder Judicial

Juzgado Distribuidor de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes

De la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Su Despacho.-

Yo, Beny Acosta Amarista, de nacionalidad Venezolana, mayor de edad, hábil en derecho, titular de la Cédula de Identidad Nº  C.I.V- 10.802.248, de profesión Licenciada en Administración mención Recursos Humanos, de este domicilio, debidamente representada en este acto por el Abogado de libre ejercicio Jesús Alberto Rodríguez Merentes, titular de la Cédula de Identidad Nº C.I.V-11.199.023,  inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el Nº 191.033, representación que consta según Poder Apud Acta consignado en este acto, y a los efectos de dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 174 y ordinal 9° del artículo 340 ambos del Código de Procedimiento Civil, fijo como DOMICILIO PROCESAL el conjunto residencial Queseras del Medio, Terraza A, apartamento  Nº 05-02, piso 05, bloque Nº 55, avenida José Antonio Páez, sector UD-4, Caricuao, Parroquia Caricuao,  Municipio Libertador del Distrito Capital, ante usted, con la venia de estilo, ocurro y expongo:

TÍTULO I

CAPÍTULO I

DE LA COMPETENCIA

En atención a la sentencia N° 34 relacionado con el Expediente N° AA10-L-2010-000138, mediante el pronunciamiento de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 07 de marzo del 2012, en el caso de la ciudadana Alexandra Carreño Hernández, parte demandante por acción mero declarativa de reconocimiento judicial de unión concubinaria contra el ciudadano Nelson Luis González Medina; Magistrado Ponente Malaquías Gil Rodríguez, en el cual la Sala adoptó un nuevo criterio en los procedimientos en que se solicita el reconocimiento judicial de la unión concubinaria, en la que se hayan procreados hijos, y mientras que éstos sean menores de edad, la jurisdicción competente es la especial de protección de niños, niñas y adolescentes, habida cuenta que es la más capacitada para brindarle la debida protección a los sujetos en etapa de niñez o adolescencia. En consecuencia, el nuevo criterio que sobre esta materia adopta la Sala Plena, a los fines de garantizar el más idóneo, integral y cabal tutelaje a los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes, que se ven involucrados en juicios relacionados con solicitudes de reconocimiento judicial de uniones concubinarias, son los órganos judiciales pertenecientes a la jurisdicción especial de protección de niños, niñas y adolescentes.

(…) “Ciertamente, a juicio de ésta Sala Plena, no cabe la menor duda que en el literal L del parágrafo primero del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, reside el conferimiento a la jurisdicción especial de niños, niñas y adolescentes de la competencia para conocer y decidir lo tocante a las acciones mero declarativas de uniones concubinarias, pues, aun cuando en su texto no se contempla ni se alude expresamente a las citadas acciones mero declarativas, la interpretación progresiva de dicho dispositivo normativo a la luz de los valores, principios y preceptiva constitucional, así como su desarrollo legislativo y jurisprudencial, razonable y coherentemente conduce a tal conclusión. Tanto más cuanto que, la norma jurídica bajo análisis, contempla las uniones estables de hecho, las cuales fueron calificadas por la Sala Constitucional como equivalentes a las uniones matrimoniales, en sentencia número 1682 de fecha 15 de julio de 2005, a propósito de la interpretación que realizara sobre el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En dicho fallo, categóricamente afirmó el máximo órgano de interpretación constitucional, que “…en los procesos tendientes a que se reconozca el concubinato o la unión estable, se podrán dictar las medidas preventivas necesarias para la preservación de los hijos y bienes comunes.”. En suma, de la valoración de los lineamientos que se infieren de la interpretación del artículo 77 constitucional, conjuntamente con lo establecido en el precitado artículo 177, lo procedente conforme a lo contemplado y a la progresiva orientación humanista del sistema jurídico positivo patrio, es que la jurisdicción especial de protección de niños, niñas y adolescentes sea la que conozca de los juicios destinados al reconocimiento judicial de uniones concubinarias” (…).

Por lo precedentemente expuesto, interpongo en nombre de mi representada ante la jurisdicción especial de protección de niños, niñas y adolescentes la presente acción.

CAPITULO II

DE LOS  HECHOS

Mí representada la ciudadana Beny Acosta Amarista, antes identificada, inició a partir del  quince  (15) de mayo de dos mil (2001),  una UNIÓN CONCUBINARIA, estable y de hecho con el ciudadano Luis Alberto Morillo Zavala, de nacionalidad Venezolano, mayor de edad, hábil en derecho titular de la cédula de identidad Nº C.I.V-.9.516.869,  en forma ininterrumpida, pacífica, pública y notoria entre familiares, amigos y comunidad en general, como si hubiesen estado casados, socorriéndose mutuamente, cohabitando en diferentes sitios durante el transcurso de todos esos años, siendo el último lugar de residencia, una vivienda tipo apartamento, destinado a vivienda principal, distinguido con el Nº 05-02, ubicado en el piso 05, del edificio Nº 55, que forma parte del “Conjunto Residencial Queseras del Medio”, situado en la Avenida José Antonio Páez, Parroquia Caricuao, en la Jurisdicción del Municipio Libertador del Distrito Capital, Número Catastral 09-02-18-55 el cual adquirieron en fecha 05 de Mayo de 2010, según se evidencia en documento debidamente registrado ante el Registro Inmobiliario del tercer circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital y que acompaño en copia simple perfectamente legible marcada con la letra “A”.

En este orden de ideas, consigno también marcada “B”, copia certificada de la Partida de Nacimiento de un hijo nacido durante la unión  concubinaria, expedida por la Registradora Civil de la parroquia Caricuao, Municipio Libertador del Distrito Capital, en el año 2010,  acta N° 120, la cual riela en el libro de Registro Civil correspondiente al folio 75 del año 2010.

Para mayor abundamiento de dicha unión concubinaria y como indicios convergentes y concordantes, consigno en copia fotostática perfectamente legible marcada “C”  Constancia de Concubinato N° 1397 expedida por la Jefatura Civil de la Parroquia Caricuao de fecha 12 de Junio  de 2006, por lo que pido con todo respeto, se valore dicha copia como prueba complementaria en atención a lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

Mi patrocinada en el transcurso de su convivencia y su concubino el ciudadano Luis Alberto Morillo Zavala, obtuvieron dos bienes inmuebles y un vehículo, el primero de los bienes inmuebles es una casa en el estado Falcón, el cual mi representada no posee mayores detalles ya que su concubino viajaba frecuentemente y unilateralmente al estado antes citado, el segundo es el inmueble tipo apartamento en el cual se desarrolló durante todos esos años la Unión Concubinaria y el cual se encuentra a nombre de los dos concubinos, cuya ubicación y linderos son los siguientes: conjunto residencial Queseras del Medio, Terraza A, apartamento  Nº 05-02, piso 05, bloque Nº 55, avenida José Antonio Páez, sector UD-4, Caricuao, Parroquia Caricuao,  Municipio Libertador del Distrito Capital, alinderado de la siguiente manera, NORTE: Pared norte del edificio, SUR: Apartamento N° 05-01, ESTE: Escalera, pasillo y Apartamento N° 05-03, y OESTE: Pared Oeste del edificio.

 El vehículo, el cual se encuentra a nombre de la parte demandada es el que sigue con las siguientes características: Marca Chevrolet; modelo Aveo LT/4P; Tipo Sedan; Año 2011; Color Plata; Serial de carrocería 8Z1TM5C60BV312667; serial del motor F16D37064561; placa AC412MA. Dicho vehículo esta registrado a nombre del demandado, el  ciudadano Luis Alberto Morillo Zavala,  como consta en el Certificado de Registro de Vehículo N° 31183054 emanado del Instituto Nacional de Transporte Terrestre de fecha 02 de Marzo de 2012, según copia simple perfectamente legible que acompañamos al presente libelo, distinguida con la letra “D”.

CAPITULO III

DE LAS PERTINENTES CONCLUSIONES (Ord.5º art.340 C.P.C)

Respetado Juez, la presente ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE RECONOCIMIENTO DE UNIÓN CONCUBINARIA es procedente por las siguientes razones:

PRIMERA: Por cuanto el concubinato se constitucionalizó, en virtud de haber sido incorporado en el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece estas uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos pertinentes produce los mismos efectos del matrimonio. Asimismo, según sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 15 de julio de 2005, estableció todos los efectos jurídicos que emanan de esa relación concubinaria, y la cual debe ser declarada Judicialmente, irremediablemente, este Tribunal al tener en sus manos  todos los elementos jurídicos deberá  declarar judicialmente la existencia de la relación concubinaria que existió entre  los ciudadanos Beny Acosta Amarista y Luis Alberto Morillo Zavala desde el día quince  (15) de mayo de dos mil (2001).

SEGUNDA: Acerca de la figura del concubinato, la doctrina Casacional ha sostenido que “estas uniones (incluido el concubinato son similares al matrimonio, y aunque la vida en común con hogar común) es un indicador de la existencia de ellas, tal como se desprende del artículo 70 del Código Civil, este elemento puede obviarse siempre que la relación permanente se traduzca en otras formas de convivencia, como visitas constantes, socorro mutuo, ayuda económica reiterada, vida social conjunta, hijos etc. (Sic). Unión estable no significa necesariamente, bajo un mismo techo (aunque esto sea un símbolo de ella) sino permanencia en una relación caracterizada por actos, que objetivamente, hacen presumir a las personas (terceros) que se está ante una pareja, que actúan con apariencia de un matrimonio o, al menos, de una relación seria y compenetrada, lo que constituye la vida en común. Se trata de una relación permanente entre un hombre y una mujer y no entre un hombre y varias mujeres (así todas ellas estén en igual plano) y viceversa’ (Vid. Sentencia Sala Constitucional TSJ: 15-07-2005, Carmela Mampieri Giuliani en amparo) con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero.

CAPITULO VI

DEL DERECHO

Fundamentamos el ejercicio de la presente demanda en disposiciones de derecho que a continuación indicamos:

1.- El Artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio”. (Destacado propio).

2.- El Artículo 16 del Código de Procedimiento Civil: “Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente”. (Destacado propio).

3.- El Artículo 767 del Código Civil:” Se presume la comunidad, salvo prueba en contrario, en aquellos casos de unión no matrimonial, cuando la mujer o el hombre en su caso, demuestre que ha vivido permanentemente en tal estado aunque los bienes cuya comunidad se quiere establecer aparezcan a nombre de uno solo de ellos. Tal presunción sólo surte efectos legales entre ellos dos y entre sus respectivos herederos y también entre uno de ellos y los herederos del otro. Lo dispuesto en este artículo no se aplica si uno de ellos está casado.” (Destacado propio).

4.- El artículo 211 del Código Civil: “Se presume, salvo prueba en contrario, que el hombre que vivía con la mujer en concubinato notorio para la fecha en que tuvo lugar el nacimiento del hijo ha cohabitado con ella durante el periodo de la concepción.” (Destacado propio).

CAPITULO V

DE LA  PRETENSIÓN  DEDUCIDA

Por todas las consideraciones de hecho y derecho anteriormente expuestas, en nombre y representación de la ciudadana Beny Acosta Amarista, antes identificada, ocurrimos ante su competente autoridad, en su carácter de concubina, Ut retro identificada, para demandar, como en efecto demandamos en este mismo acto,  por ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE RECONOCIMIENTO DE UNIÓN CONCUBINARIA, al ciudadano Luis Alberto Morillo Zavala , al inicio identificado, en su carácter de Concubino en el periodo comprendido desde el día quince  (15) de mayo de dos mil (2001)  hasta la actualidad, con fundamento  en  las Normas legales Ut retro transcritas, para que convenga o en su defecto a ello, mediante sentencia definitiva sea declarado por este Tribunal:

PRIMERO: Se reconozca mediante pronunciamiento judicial, la unión concubinaria sostenida entre  Beny Acosta Amarista y Luis Alberto Morillo Zavala,  venezolanos, mayores de edad, Licenciada en Administración y Camarógrafo respectivamente, solteros, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nos. V- 10.802.248 y V.- 9.516.869, respectivamente.

SEGUNDO: Se establezca que la relación concubinaria sostenida entre los ciudadanos: Beny Acosta Amarista y Luis Alberto Morillo Zavala, ya identificados, se inició el día: día quince  (15) de mayo de dos mil (2001) hasta la actualidad.

TERCERO: En consecuencia de la Declarativa de Concubinato sostenida entre los ciudadanos: Beny Acosta Amarista y Luis Alberto Morillo Zavala, antes identificados, la ciudadana Beny Acosta Amarista, es acreedora de todos los derechos inherentes al matrimonio, específicamente el correspondiente al cincuenta por ciento (50%) de las gananciales concubinarias, fomentadas en el lapso  antes mencionado, conforme a lo establecido en el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

CUARTO: En consecuencia, una vez establecidas las gananciales concubinarias, poder ejercer las acciones inherentes a la solicitud de partición de bienes adquiridos durante dicha comunidad, de acuerdo a lo emanado de la doctrina vinculante de la Sala Constitucional en Sentencia del 15 de Julio de 2005, referente al recurso de interpretación del artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el objeto en el caso como el de marras, es que la parte accionante obtenga previamente un instrumento fehaciente mediante el cual se acredite la existencia de la comunidad concubinaria, es decir la declaración judicial definitivamente firme que haya establecido ese vínculo, cuando exista, por ejemplo: un interés posterior de repartir los bienes adquiridos en ese tiempo. Es por ello que mi representada tiene la disposición de ejercer primeramente la presente acción de reconocimiento de unión concubinaria, para posteriormente poder ejercer sus derechos de comunera y pedir la partición de los bienes adquiridos durante el periodo del concubinato.

CAPÍTULO VI

DE LA CITACIÓN  PERSONAL

Solicitamos muy respetuosamente al ciudadano Juez, que al ser admitida la presente demanda, se ordene en el respectivo auto de admisión, la  citación personal de la parte demandada, el ciudadano Luis Alberto Morillo Zavala, ut supra identificado, conforme con lo establecido en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil en  las siguiente dirección: el conjunto residencial Queseras del Medio, Terraza A, apartamento  Nº 05-02, piso 05, bloque Nº 55, avenida José Antonio Páez, sector UD-4, Caricuao, Parroquia Caricuao,  Municipio Libertador del Distrito Capital.

CAPÍTULO VII

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Se evidencia del hecho que por ser el  ciudadano Luis Alberto Morillo Zavala, parte demandada quién aparece como propietario del vehículo obtenido durante la unión concubinaria, puede fácilmente deteriorarlo, traspasarlo y enajenarlo  sin respetar los derechos de nuestro poderdante el cual tiene sobre el bien mueble en cuestión el  50 %  como parte de la comunidad concubinaria.

Con  el objeto de preservar  el bien mueble (vehículo) adquirido durante la unión concubinaria y jurando la urgencia del caso, pedimos al Tribunal, se nos acuerde y Decrete,  MEDIDA DE SECUESTRO sobre el vehículo cuyas características son las siguientes: Marca Chevrolet; modelo Aveo LT/4P; Tipo Sedan; Año 2011; Color Plata; Serial de carrocería 8Z1TM5C60BV312667; serial del motor F16D37064561; placa AC412MA.

El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil prevé dos requisitos que concurrentemente deben llenarse para que en juicio contencioso pueda dictarse una medida cautelar; son ellos: 1) la presunción del buen derecho; 2) el peligro de que el fallo definitivo pueda hacerse ilusorio si no se decreta la cautela.

Estos requisitos deben acreditarse con un medio de prueba que constituya por lo menos una presunción grave de ambas circunstancias. Sin embargo, tal exigencia no se requiere de modo general para todo tipo de juicios ya que existen previsiones que permiten el decreto de medidas preventivas con la sola presentación de cierta clase de documentos o pruebas, caso de los artículos 646 del Código de Procedimiento Civil para el juicio por intimación, o el 701 eiusdem para los interdictos posesorios; o bien que dejan al prudente arbitrio del juez la decisión de dictar o no las providencias cautelares que estime convenientes, como el artículo 191 del Código Civil para los juicios de divorcio.

Las demandas que contienen una pretensión de mera declaración de una unión estable de hecho dan origen, si tienen éxito, a sentencias mero-declarativas, las cuales no requieren de actos de ejecución, pues se limitan, como su nombre lo indica, a declarar con certeza jurídica una situación preexistente.

En este tipo de procesos mero declarativos no es posible pretender la aplicación a pie juntillas del artículo 585 del CPC porque en tal caso jamás podría decretarse medidas preventivas desde luego que si los fallos que se dictan al final del juicio no requieren de actos materiales de ejecución evidentemente que nunca existiría el riesgo de su ilusoriedad.

Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico existe la llamada jurisprudencia normativa la cual se equipara a la ley formal. Esa jurisprudencia es la que emana de la Sala Constitucional cuando interpreta el articulado de nuestro Texto Político Fundamental. Esta acotación viene al caso porque en el año 2005 la referida Sala dictó la sentencia Nº 1.682 en la cual hace una interpretación vinculante de las uniones estables o concubinatos que prevé el artículo 77 constitucional. En esa decisión la Sala estableció que:

(…) “Ahora bien, como no existe una acción de separación de cuerpos del concubinato y menos una de divorcio, por tratarse la ruptura de la unión de una situación de hecho que puede ocurrir en cualquier momento en forma unilateral, los artículos 191 y 192 del Código Civil resultan inaplicables, y así se declara; sin embargo, en los procesos tendientes a que se reconozca el concubinato o la unión estable, se podrán dictar las medidas preventivas necesarias para la preservación de los hijos y bienes comunes.” (…) (Destacado propio).

En el mismo orden de ideas, respecto a los requisitos exigidos por el legislador el fumus bonis iuris y el periculum in mora, se hacen viables, en el caso de marras, esto es, que la medida es necesaria para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o para impedir que la ejecución del fallo se haga ilusoria, y que además resulte presumible que la pretensión esgrimida resulte favorable. Los dos requisitos son concurrentes, porque la finalidad de la tutela cautelar es prever o garantizar que se pueda cristalizar o hacer efectiva la ejecución del fallo, vale decir, la efectiva ejecutoriedad de la sentencia es en definitiva la garantía final de que toda la actividad de las partes y del Juez en el proceso pueda concretarse haciendo cumplir lo que en la sentencia del juicio principal se haya dictado.

Es por esto que en nombre de mi representada, solicito al ciudadano Juez, conforme al numeral 1° del artículo 599 del Código de Procedimiento Civil, considere la presente petición  y  acuerde y DECRETE, la medida cautelar de SECUESTRO, sobre el vehículo antes especificado.

CAPÍTULO VIII

DE LA ESTIMACIÓN  DE  LA  DEMANDA (ordinal 4º del artículo 340 C.P.C.)

Conforme con lo establecido con  los  artículos 39 de nuestra  Ley  Adjetiva  Civil, y a los efectos de fijar la competencia por la cuantía y la admisibilidad del Recurso de Casación, estimamos la presente demanda en la cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.1.400.000,00), “Equivalente a 13.084,11 Unidades Tributarias (UT), según Gaceta Oficial Nº 40.106 de fecha 06/02/2013, a  Bs. 107,00  cada Unidad Tributaria”.

CAPÍTULO IX

DE LA ADMISIÓN

Por último, pedimos con todo respeto, que  la  presente  demanda de ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE RECONOCIMIENTO DE UNIÓN CONCUBINARIA, sea admitida por el Procedimiento Ordinario de conformidad con el artículo 450 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, es por ello que mi representada tiene la disposición de ejercer primeramente la presente acción de reconocimiento de unión concubinaria, para posteriormente poder ejercer sus derechos de comunera y pedir la partición de los bienes mencionados en el presente libelo, adquiridos durante el periodo del concubinato. Por último pedimos que esta solicitud sea admitida, sustanciada conforme a derecho y en fin declarada con lugar con todos los pronunciamientos de Ley, y se expida copia certificada de este escrito y del auto de admisión del mismo para fines de interés particular. Es Justicia que esperamos en la ciudad de caracas a la fecha de su presentación.